#Entrelíneas | Agua. Las razones por las que el 'nearshoring' está en problemas

El apetito de hacer negocios y las expectativas para dotarlos de agua, hoy, no van de la mano. El estrés hídrico invade buena parte del país, incluyendo las zonas con mayor desarrollo industrial, por lo que la gran oportunidad que significa el nearshoring para México corre el riesgo de perderse debajo de las alcantarillas. Con el apoyo de Hugo Rojas, ex director general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), se ofrece un panorama sobre la crisis del agua y los escenarios para dotar del líquido a la demanda provocada por la relocalización de las cadenas de suministro.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las empresas pueden acceder al agua a través de dos instrumentos jurídicos. El primero es mediante concesiones otorgadas por la Federación, que tiene bajo su cargo la administración del agua y otorga a las empresas una cierta cantidad de agua mediante su extracción sobre ciertos acuíferos; ésta se realiza de manera directa por parte de las empresas, lo que implica que tienen que extraerla con sus propios recursos económicos, al tiempo que tienen un volumen del líquido concesionado en función de las disponibilidades calculadas. Generalmente, las empresas están cerca de los puntos de extracción, sobre todo las que requieren de un uso intensivo de agua para sus propios procesos de producción (agua tratada) y también para sus colaboradores (potable). Normalmente, cuentan con sus plantas de tratamiento para abastecerse (y garantizar) la capacidad de agua que necesitan. Actualmente, se han otorgado 264,149 concesiones y asignaciones (éstas últimas son gestionadas por organismos operadores del sector público) para la extracción en aguas subterráneas y 121,891 en aguas superficiales, por lo que el total de concesiones y asignaciones asciende a 386,040. El otro mecanismo para las empresas es recurrir a un organismo operador de agua, pagar por el servicio y contribuir en la construcción de nueva infraestructura con la cual se tendría que garantizar el suministro de agua que necesitan. El diablo, dicen los clásicos, está en los detalles. Es posible que las empresas que cuentan con una concesión tengan una historia de éxito con sus plantas de tratamiento pero, en números redondos, del total del volumen asignado de agua que se entrega a las ciudades a través de los órganos reguladores solamente se trata el 40%, lo que significa que no estamos siendo capaces de recolectar toda el agua residual que recogemos de las casas y no la estamos enviando a las plantas de tratamiento; es decir, hay una fuga brutal de agua residual que no estamos utilizando para ningún otro proceso. Lo que esto nos dice es que todo aquel proceso productivo que involucre el uso de agua podría estar limitado, principalmente cuando su acceso dependa de los organismos operadores de agua, que están en serios problemas presupuestarios. Hoy, sostiene Hugo Rojas, también doctorando en Economía del Agua de la UNAM, entre 95 y 98% de ellos está en quiebra técnica. Así, hay un problema evidente: la falta de dinero para invertir en infraestructura para el tratamiento de agua. “Debería estar operando un gran plan nacional para fortalecer a los organismos operadores, que sean capaces de dotar la cantidad de agua demandada que hoy no podemos cubrir. No hay resiliencia, hoy no somos capaces de cubrir la actual demanda y mucho menos lo seremos con la llegada de nuevas empresas”, añade. Por si esto no fuera suficiente, 50% del agua potable se pierde en las redes de distribución por una infraestructura obsoleta.

Por lo tanto, tal y como están las cosas, la infraestructura hídrica que se tiene en el país no está preparada para atender la gran demanda de agua que requerirá el nearshoring . Los estados del norte, que resultarán los más beneficiados con la llegada de inversiones gracias a la relocalización de cadenas productivas, ya viven con graves sequías y estiaje. Baja California, por ejemplo, históricamente ha vivido con problemas de abastecimiento de agua; incluso, ha pasado por algunas tensiones políticas con Estados Unidos por la contaminación de la bahía que comparten Tijuana y San Diego. Por su parte, Coahuila, Tamaulipas y Sonora también registran serias debilidades en el suministro de agua. Nuevo León, considerado como el principal imán para el nearshoring , tiene otra historia. El organismo operador de Nuevo León sí tiene las capacidades técnicas y económicas para invertir en nueva infraestructura hídrica, y actualmente está trazando un plan para la dotación de agua tratada en casas, pero la gran pregunta está en saber el volumen de agua tratada que tendrá disponible para las empresas. “Nuevo León cuenta con uno de los organismos operadores de agua más eficientes del país pues está haciendo ‘infiltración indirecta’, como albercas de agua, depositando agua de manera indirecta para garantizar las fuentes de suministro. Además, Monterrey es de las ciudades con el mayor número de kilómetros de redes de distribución de agua residual”, complementa Jorge Fuentes, director de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Recientemente, el Presidente de la República anunció que no se otorgarán nuevas concesiones en donde ya haya problemas de escasez de agua. Eso significa que las nuevas empresas que pretendan instalarse aquí no podrán contar con un sistema de extracción de agua directo y dependerán del suministro a través de los órganos operadores que hoy mantienen una gestión financieramente muy estresada. Frente a eso, dice Hugo Rojas, hay una ruta de salida: la ley de Aguas Nacionales y su reglamento permiten la compra de concesiones o su renta. Así, una empresa puede recurrir a otra con una concesión y expresarle su interés en comprarla o rentarla. “Habrá que tener cuidado porque este mercado de concesiones no está del todo regulado. Entonces, puede haber acaparamiento de concesiones”. Las empresas con alguna concesión tienen garantizado un cierto volumen de agua y la autoridad puede saber, a través de Telemetría, si las empresas están respetando la cantidad de agua a la que tienen derecho. Sin embargo, se acusa un déficit también en la medición. De esta forma, no se cuenta con la suficiente supervisión para saber si en verdad se está extrayendo la cantidad permitida o si alguna empresa está haciendo uso de más agua. Los recortes presupuestales obligaron, entre muchas otras cosas, al adelgazamiento de la estructura orgánica y ahora hay muy pocos supervisores para realizar las mediciones, verificar que no haya fuentes ilegales de abastecimiento, perforación de nuevos pozos… “¿Quién regulará los precios fuera del radar de la Conagua?”, pregunta el ex director general de Aneas. “El Presidente ha dicho que no habrá más concesiones, pero qué pasará con las que ya se otorgaron y requieran de más agua. Eso no está especificado en la ley y entonces no está prohibido. Y, si no está prohibido, está permitido”, concluye. ********** ¿Esta historia podría tener otro final? Recientemente, el equipo de Claudia Sheinbaum se reunió con expertos en materia hídrica para tener claridad de la vasta colección de necesidades que se tienen para contrarrestar la crisis del agua. No es para menos. Entre las bombas que podrían estallar en el futuro sexenio está el posible bloqueo de desarrollo industrial en zonas afectadas por la disponibilidad de agua.

En las últimas semanas han tenido lugar dos reuniones, en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. La primera, que involucró a representantes de otros sectores industriales, tenía la intención de ir preparando la agenda de los primeros 100 días de una eventual Presidencia de Claudia Sheinbaum. La segunda fue con un bloque de aliados y representantes de empresas que registran un uso intensivo del agua. Ahí, Altagracia Gómez, en su calidad de asesora de la candidata presidencial, palabras más palabras menos dijo: “Díganme cuánto dinero necesitamos para las primeras acciones en el sector agua, desglósenmelas por presupuesto y vemos de dónde conseguimos el dinero. Yo me voy a encargar de eso”. En caso de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones presidenciales, y si las palabras no se las lleva el viento, se fraguarían asociaciones público-privadas para enfrentar la crisis del agua específicamente en lo que toca a su tratamiento y reúso. Por su parte, el sector privado representado en esas mesas de negociación urgió a impulsar y materializar dos normas que hoy no existen: una, relacionada con el tratamiento de aguas residuales para su reúso y, otra, vinculada al tratamiento de infiltración de agua a partir del tratamiento de aguas residuales. Con ambas, sostuvieron, se podría dotar de certeza a cualquier industria con interés en instalarse en las zonas de desarrollo. ____ Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión ]]>