El impuesto al carbono debe ser más que una recaudación, dicen los estados

Los trabajos que han realizado algunos de los estados son un avance para mitigar el impacto del cambio climático en México, como la aplicación e implementación de impuestos para las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque los impactos del cambio climático se viven de forma diferente en algunos estados y ciudades, es importante que la implementación de sus propias políticas se dirijan hacia una homologación a nivel nacional en el corto plazo. En el marco del México Carbono Forum 2024 que se lleva a cabo en León, Guanajuato, se discutieron los principales puntos para desarrollar un programa de impuestos al carbono. De acuerdo con los especialistas, entre las consideraciones que se deben tomar en cuenta están el diálogo entre el sector público y privado, la creación y divulgación del conocimiento necesario para la correcta implementación del impuesto, establecer un corredor de precios al carbono entre los estados que actualmente cuentan con un impuesto y establecer una señal de precio que sea clara y transparente.

Tamaulipas es uno de los estados que recientemente han implementado un impuesto al carbono, con una tasa gravable de tres veces el valor diario de la UMA, que representan 325.71 pesos por tonelada de CO2. El estado enfatiza su búsqueda de desarrollar incentivos para la reducción y compensación de emisiones. “En Tamaulipas es muy reciente la implementación del impuesto verde, en ese sentido, en el estado no lo vemos como un impuesto recaudatorio, sino más bien una invitación a las empresas para que puedan mejorar sus procesos de producción y que ellos mismos puedan reducir sus emisiones. Nos dimos a la tarea de estudiar el costo de cada tonelada en la atmósfera, y se concluyó que el costo justo en el estado fuera de ocho UMA´s por cada tonelada”, comentó Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas. Saldívar destacó que sólo 10% de las empresas emiten el 90% de los gases invernadero en el estado. Por ello, se decidió que las empresas que emiten más de 25,000 toneladas anuales de carbono serán las que paguen este impuesto y dijo que aún se estudia el cobro a las empresas de otros tamaños, lo que es un gran desafío. Los recursos que se obtienen son utilizados para proyectos de mitigación y atención al cambio climático. Por otro lado, Alberto Carmona, secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato, dijo que un instrumento como el impuesto al carbono ayuda a resolver problemas muy específicos; sin embargo, no puede verse como un mismo instrumento aplicable, ya que hay diferentes contextos entre los estados. Carmona recalcó que para los estados que estén interesados en implementar este tipo de instrumento tienen que pasar por un proceso de diseño que integre a todos los interesados, pues son los sujetos que pueden dar una mayor aportación para la operación e implementación. “Al final los beneficios tienen que ser para nosotros los ciudadanos”, agregó. El estado de Guanajuato ha recaudado 44 millones de pesos a través de impuestos ecológicos cuyo uso será la acción ambiental y climática. El representante de Medio Ambiente reiteró además que como sede del México Carbon Forum 2024 buscará el mayor avance posible en la armonización de las agendas climáticas estatales y nacionales.

En el estado de Yucatán, el impuesto al carbono no ha presentado modificaciones adicionales en el último año y se mantienen con su tasa de 2.7 veces el valor diario de UMA por tonelada (293.1 pesos). Diana Pérez, secretaria de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán, comentó que los principales retos han sido plantear un tema de descarbonización en la economía “A partir de 2021 se implementaron los impuestos al carbono en el estado y los retos que se han encontrado dentro del proceso de ejecución son la digitalización, implementar mayores medidas de inspección y sobre la aplicación sobre los incentivos. Hoy los recursos se están utilizando para invertir en transportes más eficientes, también a áreas naturales protegidas para fomentar el ecoturismo y con programas sociales que puedan integrar y mejorar la calidad de vida de los yucatecos”, añadió Pérez. La secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán dijo que uno de los programas más importantes es un curso masivo online sobre la información que le pueda interesar a las comunidades para que puedan conocer las implicaciones legales y económicas que tienen estos proyectos de reducción de emisiones de carbono en el idioma maya. “Una quinta parte de la población en el estado habla maya, por eso es importante llevar estos temas de manera sencilla y didáctica. Esa toma de decisiones debe ser informada y da el poder de negociar, creemos que algo tan sencillo puede dar mucha claridad a quienes van a tener un proyecto”, agregó. Ana María Martínez, directora de Cambio Climático, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, coincide en que el impuesto tiene que ser visto como una compensación; sin embargo, hay muchos retos para no afectar el ecosistema productivo del estado. Además, la encargada del medio ambiente del estado dijo que el objetivo es dar una visibilidad de todo el problema a las empresas y dar la oportunidad que podrán tener al comprar emisiones de carbono que se centren en proyectos dentro del estado. ]]>